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Recuperando el hilo de los efectos que podrían
tener en España las reclamaciones de confesiones distintas a la católica,
reproduzco un texto encontrado en un foro. Corresponde a un artículo de El
País...
Sería deseable que todas las religiones empezaran a
disputarse el pastel de las ayudas estatales, de la enseñanza de la asignatura
de religión... Sería un combate de tontos en el que perderían todos. Con la ley
en la mano, que impide cualquier discriminación en el trato a las distintas
tendencias religiosas, no quedaría más remedio que reducir al mínimo o hasta
cancelar toda colaboración del sector público con las organizaciones religiosas,
la ICAR incluída.
Alguien debería infiltarse en en Hare Crishna o en
la Iglesia Evangélica del Séptimo Día, por ejemplo, para incitarlos a
reclamar su casillita en el impreso de la declaración de la renta. La bomba
sería importar la Iglesia de la Supremacía Blanca. Cuantos más sean, peor para
ellos.
A la iglesia católica sólo le quedaría el recurso
de incrementar sus actividades de blanqueo de dinero, desviar fondos de sus ONG,
o falsificar testamentos de viejas beatas forradas de pasta.
Lo siento, pero todavía estoy afectado por el "efecto
Taizé" y su jolgorio en Barcelona.
Parece que, según la Constitución, los demanadantes que se
citan en el artículo tienen más razón que unos santos, y nunca mejor
dicho:
El país, Domingo 21 Enero
2001
"DERECHOS HUMANOS" "Evangélicos demandan a España ante el Tribunal Europeo" Agencia EFE.- Estrasburgo Una demanda por presunta discriminación cursada por dos evangélicos contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido transmitida al Gobierno español para que presente sus alegatos, según fuentes judiciales. En la demanda, centrada en el formulario de la declaración de la renta, José Alujer y Rosa Caballero acusan a España de violar artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantizan la libertad de pensamiento y religión y prohiben la discriminación. Desde 1989, los demandantes piden que se corrija el impreso que sólo permite colaborar con "el sostenimiento económico de la Iglesia Católica" o con "otros fines de interés social ". |