Re: [escepticos] RE:Vaca loca extendida

[Marmitako <oswaldo@...>]

> Julio wrote:


>    En España existe una red adecuada de vigilancia veterinaria,
> solamente es necesario que se adopten medidas estrictas y que se
> cumplan las recomendaciones que ya existen sobre el destino de las
> visceras y otros organos tras el sacrifico y despiece de los animales.




Bueno, pues El Pais de hoy, con su campanya de acoso y derribo, parece
que ha cecidido evitarme contestar lo de que aqui no pasa nada y el
control es adecuado. Echa un vistazo mas abajo que no tiene desperdicio.

En cuanto a lo demas, es negar la evidencia. No hay incineradoras, ni
planes de accion para retirar las partes peligrosas, ni na de na. Es un
sistema chapucero y obsoleto. Hemos perdido anyos en los que se podia
haber avanzado solo por decir que aqui no pasaba nada sin siquiera
comprobarlo. Y en cuanto a lo de que los tests se fabrican en el
extranjero y solo es cuestion de comprarlos, pues fale: que inventen
ellos. Por no haber no hay ni presupuesto del que sacar esos 1500
millones que cuestan. EL centro de referenca que tan rimbombante suena
no es si no un departamento de la facultad de veterinaria en el que
trabajan, compatibilizandolo con sus obligaciones academicas e
investigadoras, unos pocos profesionales y becarios, con un presupuesto
anual de unos 8 millones. Adecuado? Amos, anda...   

Salud,

Marmi

********************************
Parrula, la primera vaca loca española, murió el 25 de octubre pasado.
Cinco días antes, su propietario, José Vázquez, estaba dispuesto a
enviarla al matadero para su consumo, según constataron sus propios
vecinos. No era un hecho anormal, sino muy frecuente en Galicia, donde
conviven 79.642 explotaciones de ganado vacuno con una cabaña de 886.372
cabezas. Pero, en aquellos días, una huelga de tratantes, que son los
intermediarios entre ganaderos y mataderos, una figura muy propia de
Galicia, lo impidió. Pasaron los días, Parrula falleció y fue enterrada,
como se hace normalmente, o enviada a un vertedero, o tirada al río, que
por estas tierras los ríos en las crecidas dejan ver los restos de
animales. De haber llegado al matadero para su sacrificio, ¿habría
pasado al consumo humano? Las autoridades contestan con un no
categórico. Pero la realidad muestra deficiencias en el sistema de
control, como en su día certificaron los inspectores de la Unión Europea
cuando visitaron un
matadero gallego y se encontraron con que no había certificados
veterinarios, es decir, que no había llegado nunca una vaca enferma, un
suceso realmente inverosímil.

Galicia todavía conserva algunas prácticas del pasado que contradicen
las normas por las que deben guiarse unos controles rigurosos. Al menos
37 inspectores veterinarios trabajan en sus ratos libres como
veterinarios clínicos en las ganaderías, algunos de los cuales se
anuncian en las páginas amarillas. Es decir, son jueces y parte.

"Me consta que eso es así", dice Isabel Salazar, parlamentaria del
PSG-PSOE, "porque todavía no se ha reformado la estructura de la función
pública en Galicia. Muchos veterinarios son juez y parte. Algunos de
ellos se han ido jubilando y el número de quienes hacen esas prácticas
ha ido descendiendo, pero luego resulta que las plazas las han acumulado
otros, que también mantienen esa forma ancestral de funcionar". 

              Emilio López, del BNG, también lo corrobora: "Eso es así
en Galicia y en más
              sitios de España, y lo hacen los médicos en todo el
Estado". La realidad de unos
              inspectores que trabajan en ganaderías la corroboran
asociaciones de ganaderos.
              "No sé si son 30 o son más, pero claro que nos consta que
eso es así", dicen en la
              UPA (Unión de Pequeños Agricultores).

              Alguna denuncia se ha producido con el paso del tiempo,
pero sin resultados. Tal
              fue el caso de cinco inspectores. En la denuncia se
detallaba cómo estos
              inspectores se anunciaban de muy diversas formas, cómo,
por ejemplo, hacían
              constar en la publicidad tanto su nombre como el hecho de
que fuera veterinario
              oficial, acompañada de dos teléfonos, el de su domicilio o
el móvil. Otro inspector
              denunciado colocaba su publicidad "en bares, postes de
teléfono, teléfonos
              públicos", además de dejar su tarjeta de visita en
explotaciones ganaderas y en
              domicilios particulares. 

              En algunos de estos anuncios consta que ofrecen "servicios
de 24 horas", o
              "servicio día y noche". Uno de ellos, en su publicidad,
detalla que los avisos se
              pueden dejar en un determinado bar. Luego están los que,
directamente, se
              anuncian en las páginas amarillas.

              Algunos casos fueron denunciados en 1995, pero finalmente
sobreseídos. En el
              expediente consta que el instructor solicita a la
Dirección General de Seguridad de
              la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales
que haga algunas
              averiguaciones. 

              Y en el informe constan las entrevistas con los
propietarios de las ganaderías para
              quienes, supuestamente, trabajaban los inspectores
denunciados. Uno de los
              propietarios declaraba que "llamaba siempre al funcionario
y que estaba muy
              contento con sus servicios", que "le llamaba al teléfono
de su coche" y que sabía
              "que atendía también a vecinos de otras localidades". Otro
propietario,
              relacionado con otra denuncia, declaraba que "suele
disponer de otro veterinario",
              pero que llamaba al denunciado "sobre todo en casos
complicados".

              Un tercer propietario declaraba que el denunciado le había
practicado la
              inseminación de una vaca recientemente y que él era un
asiduo cliente suyo. Un
              cuarto propietario reconocía que solía solicitar los
servicios de uno de los
              denunciados, "si bien este último no acude salvo con
motivo de alguna urgencia y
              sólo por las tardes o por las noches".

              Durante la realización del expediente, los funcionarios
encargados de hacer las
              averiguaciones dijeron no encontrar los anuncios de
publicidad de los
              denunciados tal y como se exponía en la denuncia, aunque
se puede entender que
              los afectados los habían retirado. En estos casos se
resolvió no sancionarles a
              propuesta del instructor, que consideraba que no había
pruebas suficientes de que
              hubieran practicado el libre ejercicio de la profesión
veterinaria.

              Un jefe de inspección consultado por este periódico
reconoció que dicha práctica
              se sigue produciendo: "Lo confirmo absolutamente; en
Galicia decimos que lo
              sabemos todos menos Hacienda. Se produce en las cuatro
provincias gallegas y
              ya va siendo hora de que se acabe con eso. No voy a decir
nombres, pero claro
              que conozco casos, y casos además de inspectores de
matadero que atienden
              consultas en su horario de trabajo". 

              Dicho inspector afirma que "todos los funcionarios
veterinarios tienen un nivel 20
              en la Administración de Galicia y un sueldo de 200.000
pesetas mensuales por su
              dedicación exclusiva. Puede que el sueldo no sea muy alto,
y me parecería bien
              que el colectivo luchara por una mejor remuneración, pero
eso no justifica estas
              actuaciones".

              En Galicia, el cuerpo de inspectores veterinarios, tanto
los de Salud Pública como
              los de Agricultura, asciende a 139 funcionarios. Días
antes de que se conociera la
              existencia de un caso de vaca loca en Galicia, la Xunta
anunció que estaba
              estudiando la convocatoria de 73 plazas de veterinarios,
30 para Sanidad y 43
              para Agricultura, dentro de un plan para intensificar los
controles, plan que le
              permitió al presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne,
afirmar categórico que
              en Galicia no había ningún caso de vaca loca y que los
controles marchaban de
              forma excelente. Los partidos políticos de la oposición
interpretaron que la Xunta
              fue preparándose el terreno para lo que se avecinaba: el
caso positivo de una
              vaca en una ganadería de Carballedo, Lugo.

              El presidente del Consejo de Veterinarios de Galicia,
Pedro Vila, niega
              rotundamente que estas prácticas se sigan produciendo. "No
tengo conocimiento
              de ningún caso", afirmó a este periódico, "pero quienes lo
dicen tendrán que
              argumentarlo y demostrarlo, y, desde luego, denunciarlo".
Sobre si el colegio
              debería investigar este asunto, Pedro Vila señaló: "El
colegio no está para
              investigar, eso debe hacerlo la Administración. Si se
comprueba algún caso,
              nosotros tomaríamos las medidas oportunas". 

              Pedro Vila, sin embargo, se queja de las desigualdades que
sufren los veterinarios
              respecto a otros colectivos en la cuestión de las
incompatibilidades. "¿Por qué se
              les permiten a los médicos cosas que no se les permiten a
los veterinarios?
              Nosotros hemos tenido que arrancar alguna compatibilidad
en los juzgados".
              Antonio Crespo, director general de la Consejería de
Agricultura de la Xunta,
              contestó a este periódico a través de su jefe de prensa
con un escueto: "No hay
              ningún caso de inspectores que trabajen como veterinarios
clínicos en
              Agricultura". 

                     ¿Qué hacemos con las reses muertas?

              El pesimismo es un hecho entre los ganaderos gallegos, que
temen las
              repercusiones en el mercado sobre la prestigiosa ternera
del país. Y al pesimismo
              se une el desconcierto, patente desde que se supo la
noticia de lo sucedido en
              Carballedo. ¿Qué hacemos con una vaca si se nos muere uno
de estos días?,
              preguntan a los veterinarios, a sus asociaciones, a los
mismos tratantes.

              Precisamente ayer, el ministro de Agricultura, Miguel
Arias Cañete, anunció en
              Segovia que el Gobierno pondrá en marcha una red de
retirada de las reses
              muertas en granjas para que sean analizadas e incineradas.
La medida pretende
              paliar los elevados costes que supone este proceso para
los ganaderos, estimados
              por la UPA en unas 75.000 pesetas.

              "Ahora vivimos en medio de una psicosis de vacas locas",
reconocía un
              veterinario gallego. "Ayer tuve tres llamadas de tres
ganaderos asustados porque
              creían que su vaca podía tener el mal. En realidad se
trataba de casos leves que
              respondieron al tratamiento, pero ya las querían mandar al
matadero. No quieren
              que se les muera en la explotación".

              Los ganaderos se sienten indefensos y además confusos.
Desde el cielo les ha
              caído una plaga en forma de directivas comunitarias,
reales decretos, órdenes
              ministeriales que realmente no saben cómo cumplir.

              Los ganaderos se encuentran con que deben desterrar todas
las prácticas del
              pasado y esa es una realidad especialmente difícil en un
territorio como Galicia
              repleto de pequeñas explotaciones, donde la vaca llega a
ser casi un miembro de
              la familia, con derecho incluso a ser conocida por su
nombre